Ley Orgánica

Artículo 7°.- El gobierno y la administración de la Universidad estarán a cargo de:

I.- La Junta de Gobierno;

II.- El Consejo Universitario;

III.- El Rector;

IV.- El Secretario General;

V.- Los Consejos de las unidades académicas de primer nivel;

VI.- Los titulares de las unidades académicas y de apoyo de primer
nivel en que se estructura la institución, cuya denominación
establecerá el Estatuto;

VII.- Los titulares de las unidades de segundo nivel; y

VIII.- Los profesores, en los sitios y tiempos propios de su trabajo.

Artículo 10.- El Consejo Universitario será
presidido por el Rector, quien sólo tendrá voto de calidad
en caso de empate. Se integrará por el Secretario General, los
titulares de las unidades de apoyo de primer nivel, quienes tendrán
voz pero no voto; dos representantes administrativos de la Universidad,
quienes tendrán voz pero no voto; los titulares de las unidades
académicas de primer nivel, dos representantes de los profesores
y dos de los alumnos de cada unidad académica de primer nivel,
quienes tendrán voz y voto. El procedimiento para la elección
de consejeros, requisitos, duración en el cargo, forma de renovación
y suplencias se determinará en el Estatuto.

Artículo 11.- Son facultades del Consejo Universitario:

I.- Dictar las normas que regulen la estructura y vida de la Universidad,
así como el funcionamiento académico y administrativo,
según las disposiciones de esta Ley y sin más limitaciones
que la misma establezca. El Estatuto de esta Ley deberá precisar
las orientaciones contenidas en el artículo 3° de esta Ley.
El Consejo Universitario interpretará, cuando sea necesario,
la legislación de la institución;

II.- Designar a los miembros de la Junta de Gobierno;

III.- Organizar y supervisar las votaciones de profesores y alumnos
para integrar las propuestas de Rector y titulares de unidades académicas
de primer nivel;

IV.- Regular el establecimiento y operación de otros organismos
universitarios, de conformidad con esta Ley y su Estatuto;

V.- Analizar, aprobar o modificar, en su caso, los planes de desarrollo
y demás trabajos de planeación y evaluación académica
o administrativa; los proyectos anuales de ingresos y egresos; el informe
anual del ejercicio presupuestal; y el informe anual que el Rector deberá
presentar con una evaluación general del estado de la institución.

Los presupuestos de ingresos y egresos deberán contener cuando
menos cinco partidas:

1.- Subsidio federal y su aplicación;

2.- Subsidio estatal y su aplicación;

3.- Subsidios especiales y su aplicación;

4.- Ingresos propios y su aplicación; y

5.- Inversiones en obras y financieras.

VI.- Designar cada año, de entre tres propuestas, un despacho
privado de reconocido prestigio para que practique auditorias contables
y financieras externas a la institución, así como conocer
el informe respectivo, hacerlo público a través de los
medios de comunicación y tomar decisiones al respecto. Para evitar
conflicto de interés, el despacho designado no podrá estar,
en caso alguno, vinculado de manera familiar, personal o profesional
a los miembros de la Junta de Gobierno y del propio Consejo Universitario;

VII.- Nombrar, a propuesta del Rector, una institución externa
de prestigio que haga periódicamente las evaluaciones académicas
de aquéllos departamentos que requieran ser revisados, conocer
los resultados y actuar en consecuencia en el ámbito de sus atribuciones;

VIII.- Resolver sobre conflictos y sobre la aplicación de sanciones
a autoridades, profesores, alumnos y trabajadores de apoyo de la Universidad,
con excepción de los que competan a la Junta de Gobierno o a
la Comisión de Honor y Justicia;

IX.- Conferir nombramientos de profesores eméritos y grados “honoris
causa”. Crear o suprimir cátedras especiales, a propuesta
de sus miembros o de los Consejos de las unidades académicas;

X.- Aprobar o modificar las políticas que la rectoría
proponga en materia de salarios y prestaciones que percibirán
los funcionarios de la Universidad atendiendo siempre a la moderación
que corresponde a un servidor público. Establecer los mecanismos
de control patrimonial a que se sujetarán quienes tengan facultades
de manejo financiero en la institución y las normas y procedimientos
para la enajenación de bienes propiedad de la Universidad. Y
regular las acciones relativas a la planeación, programación
y control de adquisiciones de bienes y servicios;

XI.- Elaborar dictamen y emitir acuerdo en el caso previsto por el artículo
9°, fracción I de esta Ley;

XII.- Conocer y resolver cualquier asunto que no sea competencia expresa
de otra autoridad universitaria, en particular de los conflictos que
se den entre el Estatuto, reglamentos y la presente Ley, atendiendo
al principio de la jerarquía de leyes; y

XIII.- Las demás que esta Ley, el Estatuto, los reglamentos de
la Universidad, y demás disposiciones aplicables le confieran.

Artículo 36.- El régimen jurídico aplicable a los
bienes que constituyen el patrimonio universitario será el siguiente:

I.- Los bienes que integran el patrimonio de la Universidad, mientras
se destinen a su servicio, serán inalienables, imprescriptibles
e inembargables, por lo que no podrá constituirse sobre ellos
gravamen alguno;

II.- El Consejo Universitario, por mayoría de dos terceras partes
de sus miembros y con la opinión previa de la Contraloría,
podrá autorizar la desincorporación de inmuebles que no
estén destinados al servicio de la institución. La resolución
protocolizada se inscribirá en el Registro Público de
la Propiedad. Desde ese momento los bienes serán enajenables,
embargables y sujetos a gravámenes, pero continuarán siendo
imprescriptibles;

III.- La desincorporación de los bienes muebles de la Universidad
se acordará por el Rector, a solicitud del área responsable
de su custodia, con intervención del área responsable
de las finanzas y de la Contraloría. En el caso de bienes que
excedan los montos que establezca al efecto el Consejo Universitario,
se requerirá un dictamen previo del comité respectivo
y la ratificación del propio Consejo.

Artículo 37.- El Consejo Universitario, por voto aprobatorio
de las dos terceras partes de sus miembros, autorizará la enajenación
de bienes muebles de la Universidad, si se trata de aquéllos
que no tengan un valor histórico, artístico o cultural;
que no sean imprescindibles para la realización de las funciones
de la institución y que cuente con un dictamen técnico
favorable por parte de la Contraloría con respecto a las condiciones
de la enajenación y, en su caso, el precio de la venta o los
términos de la licitación o subasta.

Artículo 38.- Son sujetos de responsabilidad administrativa:

I.- El Rector;

II.- El Secretario General;

III.- Los titulares de las unidades académicas y de apoyo de
primer nivel;

IV.- Los titulares de las unidades académicas de segundo nivel;

V.- Los demás funcionarios o personal universitario que recauden,
manejen o apliquen recursos materiales y financieros de la Universidad;

VI.- Quienes intervengan en el proceso de asignación de calificaciones,
elaboración de actas o cualquier parte del proceso de registro
y acreditación escolar; y

VII.- Quienes intervengan en los procesos de evaluación y certificación
académica de cualquier tipo.

Artículo 39.- Los sujetos señalados en el artículo
anterior tendrán las obligaciones que se contenga en el Reglamento
que emita el Consejo Universitario para salvaguardar la legalidad, honradez,
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará
lugar al procedimiento y a las sanciones que en dicho Reglamento se
especifiquen, sin perjuicio de sus derechos laborales previstos en las
leyes en vigor y sin contravenir estos últimos.

Artículo 40.- Son autoridades competentes para
investigar la existencia de violaciones al Reglamento referido en el
artículo anterior:

I.- El Consejo Universitario;

II.- El Rector;

III.- El Secretario General;

IV.- Los titulares de las unidades académicas y de apoyo de primer
nivel;

V.- Los titulares de las unidades académicas de segundo nivel;

VI.- El Contralor Universitario; y

VII.- Las que señale el Estatuto y el propio Reglamento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

SEGUNDO.- la ampliación del Consejo Universitario, prevista en
el Artículo 10 de la presente Ley, se realizará dentro
de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor, conforme
al procedimiento establecido y para el término en que concluye
el actual Consejo Universitario.

TERCERO.- La ampliación de la Junta de Gobierno prevista en el
Artículo 8° de la presente Ley, se realizará dentro
de los 45 días naturales posteriores a la constitución
del Consejo Universitario ampliado.

CUARTO.- Por esta vez, los cuatro nuevos integrantes de la Junta de
Gobierno serán nombrados simultáneamente por el Consejo
Universitario, una vez que el mismo haya sido ampliado, por votación
favorable de dos terceras partes de sus miembros, de la siguiente manera:

El de mayor edad de entre ellos para un período que concluirá
en enero del año 2000; el segundo en edad para un período
que concluirá en enero del año 2002; el tercera en edad
para un período que concluirá en el año 2004; y
el de menor edad para un período que concluirá en enero
del año de 2006.

Respetando el término original para el que fueron nombrados los
actuales cinco miembros de la Junta de Gobierno, a partir de diciembre
de 1998 los futuros nuevos miembros de la Junta serán nombrados
para un período de nueve años, de conformidad con el procedimiento
que establece el Artículo 8° de la presente Ley.

QUINTO.- El Consejo Universitario y los Consejos de las unidades académicas
de primer nivel deberán elaborar y aprobar las reformas necesarias
al Estatuto y los reglamentos que proceda, para hacerlos congruentes
con las presentes reformas, dentro de un plazo no mayor de 60 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.