BOLETÍN No. 645 –>>

• Nuevo sistema de justicia blindará el derecho a la libertad personal y reestructurará los procesos para detener e investigar.
• Se otorgará legitimidad y transparencia, pero también se requiere un cambio de mentalidad y protocolos de actuación.

A más tardar, el 19 de junio de 2016, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio deberá estar operando en toda la República Mexicana; y uno de los elementos destacables es el reconocimiento y protección del derecho a la libertad personal, con lo cual se evitarían las detenciones arbitrarias; comentó en entrevista José Luis Eloy Morales Brand, catedrático e investigador del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Al ser cuestionado sobre los sucesos presentados durante las marchas por Ayotzinapa en la Ciudad de México, Morales Brand mencionó que si el nuevo sistema penal se estuviera implementando a nivel federal, los detenidos durante las manifestaciones deberían ser llevados directamente a un juez y éste, durante una audiencia pública, tendría que resolver si fueron válidas o no las detenciones, si se continua con el proceso o no, y en caso de seguir, si es necesario que continúen arraigados.

Explicó que en el sistema de justicia actual se empieza privando la libertad de las personas, pero con el nuevo penal acusatorio primero se realiza un juicio para determinar si es válido afectar el derecho a la libertad personal de una persona. Es decir, en lugar de detener, consignar y en el proceso penal averiguar si un inculpado es responsable de un delito, primero se deberá investigar, después procesar y, en caso de que así lo determine un juez, detener.

De esta forma destacó que la mayoría de las decisiones serían tomadas por los jueces, con excepción de la flagrancia y otros pocos casos; además de que tanto víctimas como acusados tendrán el derecho a ser escuchados; lo que aunado al principio de publicidad del nuevo sistema otorgaría legitimidad, pues la sociedad observaría quién hace su trabajo y cómo lo hace.

Al respecto, Morales Brand indicó que las audiencias serían públicas siempre y cuando no se ponga en peligro a las víctimas e involucrados en los juicios, cuando no se trate de menores de edad, delitos sexuales ni cuando se pueda realizar revictimización secundaria o terciaria; por lo que también se daría protección a los derechos humanos.

Finalmente, el investigador del cuerpo académico de Administración de Justicia de la UAA dijo que el sistema de juicios orales ofrecerá una dinámica más transparente en la administración de justicia y blinda los derechos fundamentales de las personas; aunque también esto requerirá una transformación en la mentalidad de la sociedad, así como el diseño y aplicación de protocolos específicos, pues México ha estado aplicando un sistema inquisitivo que data de más de 500 años.