Universidad Autónoma de Aguascalientes

Algunos datos y reflexiones sobre la autonomía universitaria (tercera entrega)

PDF | 112 | Hace 5 meses | 22 noviembre, 2019

Francisco Javier Avelar González

A pesar de que no fue la primera universidad autónoma del país, sin duda la UNAM es nuestro paradigma de autonomía y valores universitarios. Su historia, así como su ubicación geopolítica, su capital económico, científico y, sobre todo, humano, han permitido que se erija como decana y ejemplo de las demás universidades. De hecho, la estructura de gobierno de la UAA, así como sus métodos de elección de rector y autoridades de primer nivel, están inspirados en los propios de la UNAM.

¿Cuál fue el contexto en el que la máxima casa de estudios del país se hizo un referente de organización estudiantil, de libertad académica y de autogobierno? En la entrega de la semana pasada, habíamos dicho que la Universidad Nacional de México se fundó en 1910 gracias a las gestiones de Justo Sierra. Pero en sus inicios esta institución no poseía la libertad y la capacidad de autogestión de la cual goza actualmente: su rector era designado por el presidente de la República y, en realidad, no había una sola decisión trascendente ―llámese nombramiento o remoción de catedráticos, modificación de planes de estudio o distribución de presupuestos― que no hubiera de pasar por la aprobación de la Secretaría de Instrucción Pública (el equivalente a la SEP); incluso el mismo Consejo Universitario era seleccionado por dicha secretaría.

Uno de los peligros de esta carencia total de autonomía era que la universidad se constituía como un organismo centralizado, dependiente de instituciones, ideologías y personajes cuyo primer interés no era necesariamente la conservación y promoción de la cultura, ni la búsqueda del conocimiento y su difusión a través de las ciencias y la enseñanza. La Revolución Mexicana, los posteriores reacomodos políticos y la Guerra Cristera eran un caldo de cultivo perfecto para que la incipiente universidad pudiera utilizarse como un ariete ideológico, utilizado por quien estuviera en el poder o aspirara al mismo.

Mientras las guerras sucedían y las instituciones y gobiernos encontraban su sitio en el México revolucionario, los estudiantes que integraban la universidad (la Escuela Nacional Preparatoria, las de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia) crecieron en número, comenzaron a organizarse y se dieron cuenta de que juntos podían cambiar la situación. Evidentemente, no estuvieron solos en este camino, sino que se inspiraron o fueron orientados o aconsejados por diversos filósofos e ideólogos importantes; pienso, por nombrar un par de ejemplos, en la enorme influencia de José Vasconcelos, pero también en la de Antonio Caso, quien ya desde 1911 vislumbraba que la universidad debía conseguir su autonomía para no dejarse arrastrar por los cambios políticos que habrían de venir.
En 1929, los miles de estudiantes que conformaban la universidad emplazaron a huelga e hicieron una serie de peticiones que, a la postre, cambiarían el estado oficial de la institución. Al principio, las autoridades gubernamentales intentaron apagar el movimiento estudiantil por la fuerza, pero lejos de lograr su objetivo, encendieron más los ánimos y el sentimiento de indignación por parte del estudiantado. A mediados de ese año y no pudiendo sustentar más las tensiones generadas con los universitarios, el entonces presidente Emilio Portes Gil cambió de estrategia y promovió la autonomía universitaria. Finalmente, el 10 de julio se promulgó la Ley Orgánica de la, a partir de entonces, Universidad Nacional Autónoma de México.

El contexto en que la UNAM consiguió su autonomía marcó un precedente nacional sobre la importancia y necesidad de este concepto en las instituciones públicas de educación superior del país. Y si bien investigadores, catedráticos y estudiantes ganaron la facultad de entregarse a la búsqueda del conocimiento a partir de la filosofía, las artes y las ciencias, sin ser dirigidos por intereses ideológicos ajenos a dicha búsqueda, el triunfo más grande no residió ―como en Europa― en el polo científico, sino en el político: la descentralización, el autogobierno y las demás prerrogativas adquiridas a través de la autonomía universitaria levantaron una barrera infranqueable entre los intereses de agentes políticos externos a los ámbitos científicos y académicos, y los intereses propios de la educación, el conocimiento y su divulgación. Con ello, el crecimiento institucional y la calidad educativa quedaban salvaguardados, independientemente de los posibles cambios o reacomodos que se dieran en los poderes ejecutivo y legislativo de nuestra nación.

El reconocimiento explícito del valor trascendental de la autonomía universitaria se dio el nueve de junio de 1980, gracias a la modificación del artículo tercero de nuestra Carta Magna, que en su fragmento VIII (hoy ha pasado a ser el VII) estableció que:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio.”

Nos vemos la próxima semana, con la última entrega de esta serie. ¡Hasta entonces!

Publicaciones recientes