Universidad Autónoma de Aguascalientes

PDF | 543 | Hace 2 años | 29 octubre, 2021

Francisco Javier Avelar González

Para los mexicanos, el dos de noviembre tiene un significado ritual muy importante: es la fecha en que celebramos y “apapachamos” a nuestros difuntos. Los camposantos se llenan de flores, de platillos tradicionales y de música, que ofrendamos en las tumbas de los amigos y familiares que ya nos han dejado. También en los hogares y en las instituciones donde laboramos hacemos altares improvisados y hasta organizamos certámenes de composiciones literarias con motivo de la muerte. La importancia de esta fiesta es tal para nosotros -y tan rico e impactante es su colorido y la serie de rituales que se llevan a cabo durante su desarrollo- que tiene el efecto de opacar una conmemoración que, en la misma fecha, sucede en todo el mundo: el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”.

Sin duda, el ocultamiento u olvido involuntario de esta efeméride en nuestro país es desafortunado, sobre todo porque somos una de las naciones que necesitan con mayor urgencia visibilizar este problema y llevar a cabo acciones para asegurar la integridad de nuestros comunicadores: de acuerdo con la Organización Internacional “Artículo 19”, sólo en el primer semestre de este año, en México se registraron en promedio dos agresiones diarias contra periodistas. En el mismo periodo, fueron asesinados cinco periodistas y uno más está desaparecido. Entre los crímenes documentados contra trabajadores de este gremio, se registran desapariciones, bloqueos y alteración de sus contenidos informativos, desplazamientos forzados, intimidaciones y hostigamientos, privación de la libertad, vigilancia ilegal de comunicaciones y asesinatos.

Desde hace más de una década, las actividades de hostigamiento y violencia contra los integrantes comprometidos de este gremio han ido en aumento, sin que haya una respuesta contundente y efectiva para paliar la situación. Hace un año, la UNESCO entregó un informe en el que documentaba que entre 2010 y 2019 se habían perpetrado 93 asesinatos de periodistas en México, de los cuales sólo se habían resuelto 14. La impunidad en este tema, de acuerdo con el informe, era del 85%. Apenas un año después, el Comité de Protección a Periodistas nos colocaba, en su “Índice Global de Impunidad 2020”, en el sexto lugar de las naciones con asesinatos impunes a periodistas. Para darnos una idea de cuál es nuestra situación, compartimos esos deshonrosos primeros puestos con naciones sumidas en guerras y desestabilidad extrema, como Irak, Siria, Sudán o Somalia. Estudios internacionales como los aquí citados revelan también un dato que debería llenarnos de vergüenza: México es el país occidental más inseguro -o más violento- para quien desee ejercitar con profesionalismo y ética el periodismo.

Las y los comunicadores éticos, comprometidos con su deber de informar con imparcialidad y oportunidad aquello que la sociedad tiene derecho a conocer, no sólo son perseguidos o violentados por grupos delictivos. Se han documentado casos de servidores públicos que han tratado de callar por diversos medios a buenos periodistas que les son incómodos, por evidenciar malos manejos, negligencias, visibles actos de corrupción o incluso otra clase de infracciones de gravedad considerable (piénsese en el caso del exgobernador de Puebla Mario Marín y la periodista Lydia Cacho). De esta forma, los amedrentamientos y crímenes contra los comunicadores que han logrado visibilizar graves problemas de interés comunitario, trascienden necesariamente el daño físico o emocional que se perpetra contra sus personas y pasan a ser delitos que atentan contra el derecho al acceso a la información y la integridad colectiva.

Vale la pena enfatizar en lo anterior: conocer la situación que se vive en nuestro territorio, ya en cuestiones de seguridad, de servicios y de servidores públicos, o ya en temas de la administración de los recursos de todos, es indispensable para que posteriormente podamos ejercer nuestro derecho a decidir quién queremos que nos gobierne, así como a exigir resultados a los proyectos que respaldamos con nuestro voto. Por eso, atacar a los periodistas que nos brindan conocimiento objetivo y veraz en estos temas es también atacar la democracia. En el mismo tenor, permitir la impunidad de los crímenes contra estos periodistas habla de un problema mayúsculo, que vulnera a toda la población en sus derechos y en la estabilidad social.

Por todo lo aquí expresado, conviene que -a pesar de que estemos inmersos en una de las fiestas rituales y folclóricas más entrañables y que más disfrutamos- gobierno y sociedad hagamos una pausa este dos de noviembre, para generar reflexiones sobre la efeméride que nos propone la Organización de las Naciones Unidas, y busquemos la manera de poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Por supuesto, esta reflexión debe servirnos también para discutir las otras formas de impunidad que, desgraciadamente, persisten en nuestro país. ¡Nos vemos la próxima semana!