Universidad Autónoma de Aguascalientes

Sobre la presunción de inocencia

PDF | 162 | Hace 8 meses | 15 marzo, 2019

Francisco Javier Avelar González

Dos valores fundamentales de las instituciones autónomas de educación superior son el trato digno a todas las personas, sin importar su género, preferencias y particularidades biológicas o sociales; y la búsqueda y defensa de la verdad por sobre cualquier interés particular o de grupo. Vulnerar estos dos principios abriría la puerta -entre otras cosas- al oscurantismo intelectual (la imposición de las creencias ideológicas, religiosas o personales por sobre los hechos) y a la proliferación de injusticias tales como inquisiciones, juicios sumarios y linchamientos sociales. Esto último orbita un tema sensible que, a pesar de su reconocimiento explícito en leyes y tratados, en la práctica parece no acabar de ser comprendido (o respetado) por las sociedades contemporáneas: la presunción de inocencia.

Aunque -de acuerdo con diversos estudiosos- los antecedentes de este principio datan del segundo siglo de nuestra era, cuando el jurista romano Ulpiano expresó que nadie debería ser condenado por sospechas, se reconoce a Cesare Beccaria como el instaurador de esta idea en el Derecho moderno. En 1764, Beccaria escribió un libro intitulado “De los delitos y las penas”. En un fragmento de éste, puede leerse lo siguiente: “un hombre no puede ser llamado culpable antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la protección pública sino cuando haya decidido que violó los pactos con los que aquella protección le fue acordada”.

La proliferación y aceptación internacional de este concepto queda asentada en documentos pilares políticos, jurídicos y sociales de nuestros días. Por ejemplo el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Por su parte, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. En lo que respecta a nuestro país, el artículo 20, apartado B, fracción I de nuestra Carta Magna, deja claro que debe presumirse la inocencia de cualquier persona, ante un hecho delictivo, “mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa”.

A pesar de lo anterior, y aunque parece haber un consenso discursivo entre el Estado, las ONGS dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, el sistema jurídico y la sociedad en general, la realidad a veces suele caminar en un sentido que contradice o al menos ignora este principio. De hecho, casos como el de Jacinta Francisco Marcial (indígena condenada en 2006 por el supuesto -y no probado- secuestro de seis agentes federales), el de José Antonio Zúñiga (documentado en 2008 en el filme Presunto Culpable) o el de otros muchos inocentes acusados y condenados sin pruebas, representaron uno de los motivos por los cuales se impulsó un cambio en el Sistema de Justicia Penal en México, en búsqueda de que -entre otras cosas- se respetara la presunción de inocencia, se guardara el debido proceso y se garantizaran otros principios fundamentales como el de “in dubio pro reo”.

El problema dista de acotarse al Sistema Judicial: entre la ciudadanía, por ejemplo, es común la opinión de que si un hombre fue asesinado o levantado “andaba en malos pasos” o “pertenecía al crimen organizado”. Esta presunción automática de culpabilidad permite que se desestime la creciente inseguridad del país, y simultáneamente genera la idea subrepticia de que los hombres son criminales en potencia.

Además de lo anterior, comienza a convertirse en tendencia el linchamiento virtual a través de las redes (o incluso en medios periodísticos, como ha señalado el investigador catalán Francesc Barata), en contra de personas a las que no se les ha probado ningún crimen, abuso, o acto ilegal: parece bastar una sola acusación, incluso de una fuente anónima o falsa, para que los usuarios sientan la necesidad de señalar y compartir el nombre y la fotografía de la persona acusada. “Mátalos y luego virigua”, la famosa frase atribuida a Pancho Villa y que refleja la forma en que el Centauro del norte impartía justicia, bien podría aplicarse en las redes sociales de nuestros días.

Al respecto, el investigador de la Universidad Ramón Lull en Barcelona señala que “la práctica de mostrar [en los medios periodísticos] a los detenidos continúa siendo muy habitual en países con una escasa cultura de la legalidad. […] Este proceder recuerda la antigua función infame de la justicia inquisitorial, cuando los acusados eran expuestos en la plaza pública para ser sometidos al escarnio y a la vergüenza ciudadana”. Francesc Barata concluye: “las demandas informativas no pueden devaluar los derechos fundamentales, ni crear juicios paralelos”.

Ante un fenómeno social como éste, que amaga con extenderse entre la población de tal forma que incluso se filtre en ambientes universitarios y ONG’s, hace falta recordar que las organizaciones civiles abocadas a la defensa de los derechos humanos, así como las instituciones educativas de nivel superior, tenemos la responsabilidad de generar entre la comunidad la cultura del respeto a los principios mencionados al inicio de este texto: trato digno a todas las personas, y búsqueda y defensa de la verdad, incluso cuando ésta no concuerde con nuestras ideologías o prejuicios. En este tenor, el respeto a la presunción de inocencia es fundamental si deseamos una sociedad justa, crítica, ética y equitativa…

¡Nos vemos la próxima semana!

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