COLABORACIÓN | Denie Ladrón de Guevara, miembro de CuirUAA, segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

 

En México, el activismo de las mujeres ha sido una llama persistente que se niega a ser extinta. Desde las calles hasta las universidades, desde pequeños colectivos de no más de diez personas hasta movimientos que atraviesan todo el país, las mujeres han tejido redes de resistencia con paciencia, valentía y una profunda esperanza de un futuro distinto. Las mujeres queer, en particular, han abierto caminos donde antes solo había afonía. Han transformado la culpa en presencia y la marginación en una voz colectiva que exige dignidad. Su activismo no solo busca derechos, también construye comunidad, cuidado mutuo y nuevas formas de imaginar la libertad.

En cada marcha, en cada cartel pintado a mano, en cada publicación en redes que pide ayuda, en cada testimonio compartido, hay una historia de necesidad de justicia, amor por otras mujeres, por quienes vendrán después, por una sociedad donde nadie tenga que esconder quién es. El activismo femenino y queer en México ha sido una fuerza creativa y valiente que ha logrado poner sobre la mesa temas que durante décadas fueron ignorados, la violencia de género, la discriminación, los feminicidios y la necesidad urgente de igualdad.

Gracias a estas luchas, hoy existen más espacios de conversación, más conciencia social y una generación entera que trata de entender que la justicia no es un regalo, es algo que se construye día a día y es un privilegio. Las mujeres activistas han sembrado algo más grande que cualquier protesta, han sembrado memoria, dignidad y una esperanza colectiva.

A lo largo de la historia reciente del país, muchas mujeres han sostenido esa llama. La escritora y activista lesbiana Nancy Cárdenas fue una de las primeras voces públicas en México que defendieron abiertamente los derechos de las personas homosexuales en los años setenta. Su trabajo ayudó a iniciar las primeras conversaciones públicas sobre diversidad sexual en un país donde era tabú y era mejor evitar el tema.

Décadas después, activistas como Amaranta Gómez Regalado, mujer muxe zapoteca de Oaxaca, han llevado la lucha por los derechos de las personas LGBT indígenas a espacios políticos y académicos. Su activismo ha visibilizado que la diversidad sexual también existe dentro de las culturas originarias y merece respeto dentro y fuera de ellas.

También está el trabajo de defensoras contemporáneas como Kenya Cuevas, activista trans que fundó una organización dedicada a apoyar a mujeres trans que viven violencia, exclusión o pobreza. Su labor ha impulsado refugios, acompañamiento legal y atención a una de las comunidades más vulnerables del país.

Estas mujeres, y muchas otras cuyos nombres quizá no aparecen en los titulares, han transformado la protesta en una forma de cuidado colectivo. Han organizado marchas contra el feminicidio, han exigido justicia para víctimas de violencia y han creado redes de apoyo para mujeres y personas queer que antes estaban completamente solxs.

Pero en México, levantar la voz también puede significar una sentencia de muerte. Muchas mujeres que denunciaron violencia, corrupción o injusticias fueron silenciadas de la forma más brutal. No murieron por casualidad, murieron porque hablaron, porque incomodaron, porque señalaron lo que muchos preferían mantener oculto. Cada asesinato de una activista deja un vacío imposible de llenar, pero también una herida pública que obliga a mirar de frente la violencia que atraviesa nuestro país. Sus muertes no solo son tragedias individuales, son recordatorios dolorosos de lo peligroso que puede ser exigir justicia.

Y, sin embargo, el silencio nunca llega. Cuando una activista es asesinada, su nombre comienza a circular en pancartas, en redes sociales, y en marchas que reúnen a miles de personas. La indignación se convierte en memoria colectiva y la rabia se transforma en exigencia. Las calles se llenan de nombres que el país no debe olvidar jamás.

Paradójicamente, quienes intentaron callarlas terminaron amplificando sus voces, como si le aumentaras el volumen a una bocina. Sus historias revelan hasta qué punto el activismo es necesario y urgente. Porque, si alguien es asesinado por defender derechos, significa que esos derechos todavía están en disputa, derechos humanos que, solo por ser humanos, no deberían de estar en duda.

Sus muertes dejan algo en las personas, conciencia, incomodidad y una pregunta que sigue resonando en cada protesta: ¿Cuántas más tendrán que morir para que la justicia deje de ser una promesa?

La historia reciente ofrece ejemplos que marcaron profundamente al país. En 2010, Marisela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras protestaba por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol. Durante años había exigido justicia, denunciando públicamente la impunidad del caso. Su asesinato, ocurrido mientras sostenía una protesta pacífica, conmocionó a todo México y se ha convertido en uno de los símbolos más dolorosos de la lucha contra el feminicidio.

También está el caso de Miroslava Breach, periodista y defensora de la verdad que investigaba vínculos entre el crimen organizado y la política local. Fue asesinada en 2017, en Chihuahua. Su trabajo periodístico denunciaba estructuras de poder que preferían permanecer ocultas, y su muerte provocó indignación nacional e internacional sobre la violencia contra periodistas y defensoras de derechos.

Otra historia es la de Digna Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos que representó a comunidades indígenas y víctimas de abusos militares. Murió en 2001, en circunstancias muy “controvertidas”, en Ciudad de México, después de años de amenazas. Su caso se convirtió en un símbolo internacional de los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país.

Entre las víctimas también se encuentra Nadia Vera Pérez, activista y promotora cultural que había denunciado públicamente violencia y represión política en Veracruz. En 2015 fue asesinada en un departamento de la colonia Narvarte, en Ciudad de México, junto con otras cuatro personas.

Cada uno de estos nombres muestra algo inquietante cuando una mujer alza la voz en México para denunciar violencia o injusticia, no solo desafía una estructura social, también se expone a un riesgo real.

No obstante, también muestran algo más poderoso.

Aunque fueron asesinadas, sus nombres siguen vivos en marchas, murales, investigaciones periodísticas y movimientos sociales. Cada vez que alguien menciona a Marisela Escobedo, Miroslava Breach, Digna Ochoa, Nadia Vera, Bety Cariño, Miriam Elizabeth, Isabel Cabanillas de la Torre, Cecilia Monzón, Adriana Ortiz, Virginia Ortiz, Sandra Estefanía Domínguez, Ana Luisa Garduño, Susana Chávez, María del Sol Cruz, Agnés Torres, Paola Buenrostro, Alessa Flores, Samantha Carolina, Miriam Nohemí Ríos o Karla Valentina, su lucha vuelve a respirarse en el espacio público.

Mencioné solo algunos nombres, pero la lista es mucho más larga. Hay muchas más que no están aquí; son numerosas las historias que siguen sin justicia. Nombres que fueron silenciados y que hoy siguen esperando respuestas. Porque no basta con recordar, mientras la impunidad persista, sus luchas siguen pendientes. El intento de silenciarlas terminó convirtiéndolas en memoria colectiva. Y la memoria, cuando se comparte, se transforma en resistencia.