PDF | 66 | Hace 4 días | 22 mayo, 2026

Mtro. en D. Juan Carlos Arredondo Hernández

Aunque en Occidente solemos pensar la libertad de expresión como un derecho natural, lo cierto es que se trata de una conquista histórica que atravesó un largo y arduo proceso, antes de establecerse y consolidarse en las leyes y el imaginario colectivo como una característica propia de nuestra sociedad. Sólo para dar dos referencias que nos permitan dimensionar esa conquista, pensemos en lo que llegó a suceder con instituciones como la Santa Inquisición, algunos movimientos supremacistas y un sinnúmero de gobiernos de carácter dictatorial cuando sus ciudadanos se atrevieron a expresar una opinión distinta a la normada, o cuando levantaron la voz para dar a conocer alguna injusticia o subrayar la falta de algún derecho personal o colectivo.

No está de más recordar que apenas en 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial y luego del ascenso de distintos regímenes totalitarios, la ONU proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde aparece en su artículo 19 el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo la posibilidad de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio. En México, esta protección está incorporada en nuestra Carta Magna, particularmente en los artículos 6 y 7, donde se reconocen la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de difundir opiniones e ideas sin censura previa.

El afianzamiento de este derecho en las últimas décadas del siglo XX ocurrió porque las sociedades democráticas entendieron que una comunidad difícilmente puede desarrollarse cuando las personas viven bajo amenazas o imposiciones ideológicas que les impiden decir lo que piensan. La libertad de expresión permite la crítica al poder, el contraste de ideas, la discusión pública y —algo importantísimo— la generación de nuevos conocimientos. En buena medida, las ciencias, la política, el periodismo y la propia democracia dependen de espacios donde sea posible disentir sin miedo.

Por otra parte, el hecho de que la libertad de expresión haya logrado consolidarse jurídicamente en buena parte de las democracias occidentales no significa que sus tensiones hayan desaparecido. Más bien pareciera que, conforme las sociedades y tecnologías de comunicación se transforman, también cambian las formas en que este derecho puede deteriorarse o verse limitado. Durante mucho tiempo imaginamos sus amenazas de manera relativamente clara: gobiernos prohibiendo periódicos, encarcelando comunicadores o castigando determinadas ideas. Aunque ese tipo de prácticas siguen existiendo en distintos lugares, el escenario contemporáneo parece haber añadido dinámicas más complejas, donde las presiones ya no siempre provienen de la censura institucional, sino también de la manera en que hoy se construye, se consume y se comprende la conversación pública.

El alcance y la velocidad de comunicación propia del Internet, las redes sociales y las plataformas digitales ha ampliado de manera extraordinaria las posibilidades de participación democrática. Nunca antes tantas personas habían tenido la posibilidad de expresar públicamente sus opiniones, acceder a información global o intervenir en discusiones de alcance masivo. Sin embargo, junto con esta apertura también parece haberse desarrollado una dificultad creciente para sostener matices y tiempos de reflexión. Pareciera haberse instalado la idea de que toda persona debe pronunciarse de manera inmediata y contundente sobre cualquier tema político, social o cultural polémico que ocupe la atención pública, y de que esas opiniones sólo resultan legítimas cuando encajan con claridad dentro de alguno de los bandos en disputa.

En distintos países puede observarse este fenómeno incluso en ámbitos como la industria cinematográfica, la musical o de entretenimiento, donde actores, cantantes y figuras públicas enfrentan fuertes presiones para emitir declaraciones contundentes sobre conflictos complejos (que la mayoría de las veces ni siquiera les competen o conocen a fondo), al grado de que la prudencia, la reserva o el silencio llegan a interpretarse con sospecha moral e incluso como razones para “funar” o “cancelar” al que prefirió ser ecuánime con sus palabras o no quiso entrar en un debate ajeno a sus intereses u obligaciones personales o institucionales.

Aquí conviene detenernos un momento para recordar que la libertad de expresión no consiste únicamente en la posibilidad de hablar. También implica el derecho a pensar, deliberar, cambiar de opinión, reservarse ciertos puntos de vista o decidir que uno no desea fijar públicamente una postura sobre determinado tema. Una sociedad democrática madura no debería convertir toda conversación en una obligación de alineamiento inmediato. Hay asuntos cuya complejidad exige tiempo, hay opiniones que pertenecen al ámbito privado y hay momentos en los que la prudencia no expresa indiferencia, sino responsabilidad.

Dicho lo anterior, creo que parte de este problema tiene relación con aquello que hoy llamamos posverdad. A menudo se reduce este concepto a la difusión de noticias falsas, pero el asunto es más profundo: la posverdad también tiene que ver con la incapacidad para procesar la complejidad; con la necesidad de reducir discusiones difíciles a relatos simplistas y maniqueos, con héroes y villanos perfectamente identificables, y con la tendencia a dividir cualquier debate en categorías morales absolutas (y muchas veces absurdas) donde todo matiz parece resultar incómodo.

En ese contexto, la conversación pública se deteriora porque deja de orientarse hacia la comprensión y comienza a funcionar como mecanismo de identificación tribal. Ya no importa qué tan razonable sea una idea, sino a qué grupo confirma, a qué bando fortalece o contra quién puede utilizarse. Por eso muchas veces la indignación se premia más que la reflexión y las respuestas inmediatas generan mayor atención que las posturas prudentes.

Tal vez una de las tareas más importantes de nuestro tiempo consista en reconstruir una cultura pública capaz de convivir otra vez con los matices. Necesitamos espacios donde sea posible pensar antes de reaccionar, discutir sin caricaturizar al otro y, sobre todo, entender que el silencio, la duda o la reserva personal también forman parte de una sociedad libre. La democracia no sólo requiere personas con derecho a hablar; también necesita ciudadanos capaces de escuchar, deliberar y reconocer que la complejidad humana rara vez cabe en las consignas del momento.