PDF | 14 | Hace 14 horas | 8 mayo, 2026

Mtro. en D. Juan Carlos Arredondo Hernández

De un tiempo a la fecha, distintos sistemas de medición de derechos y regímenes políticos han estado coincidiendo en un diagnóstico preocupante: la democracia en Occidente está sufriendo un paulatino debilitamiento.

De acuerdo con Freedom House, desde 2005 los indicadores globales de libertad han registrado 20 años consecutivos de retroceso. Estos indicadores engloban la evaluación de derechos políticos y civiles —como elecciones libres, competencia real, libertad de expresión y asociación, y acceso a la información—. En ese sentido, el deterioro no alude a una noción abstracta, sino a una disminución verificable en las condiciones que permiten a las personas participar, expresarse y vivir en un sistema de gobierno democrático.

En términos similares, el Varieties of Democracy Institute señala que el mundo atraviesa una “tercera ola de autocratización”, caracterizada por procesos graduales de deterioro institucional. Por su parte, el Economist Intelligence Unit reporta que el índice democrático global está cayendo de manera sostenida.

Este consenso obliga a preguntarnos sobre las condiciones que hacen posible la democracia. Estaremos de acuerdo en que su salud depende de factores como la integridad electoral, el acceso a información confiable, la fortaleza institucional y el respeto efectivo a las libertades civiles. En ese sentido, las estadísticas generales arrojan un panorama preocupante, porque muchos países conservan mecanismos formales de competencia política, pero presentan deterioros en los elementos que garantizan su funcionamiento.

Uno de los vectores más claros de ese deterioro es el debilitamiento de los contrapesos institucionales. De acuerdo con el World Justice Project, indicadores como la limitación del poder gubernamental, la ausencia de corrupción y la protección de derechos fundamentales han mostrado retrocesos en múltiples regiones. En la mayoría de los casos no se trata de la desaparición de instituciones, sino de su pérdida de eficacia o autonomía, lo que reduce su capacidad de equilibrar decisiones y contener abusos.

Un segundo eje relevante es la transformación del entorno informativo. Según datos de Freedom House, la libertad de expresión ha sido una de las dimensiones más afectadas en los últimos años. Sin embargo, el problema contemporáneo no se agota en la censura directa: la proliferación de desinformación, la fragmentación del espacio público y la erosión de la confianza en fuentes informativas han debilitado la capacidad de las sociedades para construir consensos básicos. En este contexto, el derecho a la información —condición indispensable para la deliberación democrática— se vuelve más complejo de garantizar.

El tercer elemento, particularmente visible en América Latina, es la relación entre democracia y violencia. Factores como la presencia del crimen organizado, la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho limitan el ejercicio efectivo de libertades. Recordemos que las deficiencias en seguridad y justicia no sólo constituyen problemas jurídicos, sino condiciones que afectan directamente derechos humanos y políticos fundamentales. La existencia de elecciones no garantiza por sí misma que el voto sea plenamente libre, sobre todo en contextos donde se registran amenazas o presiones materiales sobre candidatos, autoridades y electores.

En conjunto, lo dicho permite sostener que la erosión democrática contemporánea ocurre por un distanciamiento creciente entre el diseño institucional y su operación real. Los derechos humanos que sostienen la democracia no han desaparecido, pero enfrentan condiciones que limitan su ejercicio efectivo.

Es precisamente en este contexto donde cobra sentido la reflexión colectiva, sobre todo aquella que aborde temas como la relación entre derechos humanos y procesos electorales, la calidad de la información pública, la fortaleza de las instituciones, la autonomía y las condiciones materiales del ejercicio democrático. Todos ellos son centrales para comprender nuestro presente como ciudadanía y, por eso mismo, es muy necesario replicar encuentros académicos y civiles para analizar con rigor los desafíos que enfrenta la democracia contemporánea y para dialogar, desde distintas perspectivas, sobre las condiciones que permiten sostenerla.

Por supuesto que las coyunturas políticas de nuestro país hacen que hablar de estos temas se sienta como transitar un río apenas cubierto por una capa de hielo delgado. A pesar de esta sensación de alerta que pueda provocarnos, es indispensable cruzar ese río. Es indispensable plantearnos cómo podemos contrarrestar el debilitamiento de las democracias y cómo podemos asegurar, dentro de ellas, que sus ciudadanos gocen efectivamente de derechos humanos y electorales.

En el marco de lo dicho, quiero invitarles, amables lectores, a que generemos reflexiones sustanciosas, desde las cuales podamos incidir —en la medida de nuestras posibilidades— en la protección de nuestra sociedad y nuestro sistema democrático. La participación ciudadana debe ir más allá del ejercicio del voto en las jornadas electorales. Creo que en la sociedad civil puede encontrarse la medicina que revierta el deterioro democrático en Occidente.