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PDF | 412 | Hace 1 año | 27 octubre, 2023
Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro
En esta ocasión, les comparto el mensaje que dirigí a la comunidad universitaria y la sociedad, en el marco de la ceremonia de honores a la bandera que celebramos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante el mes de octubre.
Año con año, el foco de atención en los actos cívicos de octubre se dirige a eventos biográficos y políticos que, directa e indirectamente, constituyeron pasos de enorme importancia en el camino de construcción del país democrático que tenemos. Destacamos, por ejemplo, que el 30 de octubre nació Francisco I. Madero, el hombre que habría de acabar por fin con la extensa dictadura del general Porfirio Díaz.
En el mismo tenor, recordamos que el 5 de octubre de 1910, precisamente Madero suscribiría el Plan de San Luis, documento que desconocía al presidente Díaz, y convocaba al levantamiento en armas y a formar una sociedad democrática, con sufragio libre y sin reelección.
Otra de las efemérides que destacamos corresponde a la promulgación de la Carta Magna, firmada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Se trata de una de las constituciones predecesoras de la que actualmente nos rige, y de enorme capital simbólico por lo que representó en su momento: una declaración oficial para independizar la Nueva España y un punto de partida en el que se basaría la Constitución de 1824, primera del México independiente.
Sin negar la importancia de estas fechas, por lo que representan en la estructura de la nación, habría que rescatar otro momento histórico que no suele destacarse, o no como debiera y que, si lo pensamos a conciencia, tiene un peso similar al de los eventos anteriores por el tamaño de las implicaciones positivas que generó y que hoy día pueden verse quizás en su máxima expresión. Me refiero específicamente al 17 de octubre de 1953, parteaguas en la historia del país, porque en tal día se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el entonces presidente Adolfo Ruíz Cortines, en donde se promulgaban las reformas constitucionales para que las mujeres pudieran ejercer el derecho de votar y ser votadas.
Que en este momento nos parezca inverosímil que antes de tal fecha las mujeres no tenían facultad para ejercer estos derechos civiles y políticos, nos solo nos permite ver la enorme deuda que tenía el país en temas de dignidad humana e igualdad, sino que también nos da la oportunidad de -mediante la comparación- aceptar y celebrar que ahora vivimos en un país diametralmente distinto, donde existen oportunidades políticas equiparables entre hombres y mujeres:
Por su pertinencia y valor probatorio, vale la pena recordar algunos datos: el año pasado en nuestro territorio las mujeres ya ocupábamos más del 42% de las Secretarías
de Estado a nivel federal, el 50% de las senadurías, el 50% de las diputaciones federales, el 54% de las diputaciones locales, más del 65% de los síndicos, más del 50% de las regidurías y casi el 40% de los lugares de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (presidida, además, por una mujer). Asimismo, por los perfiles de los posibles candidatos a ocupar la presidencia del país en 2024, hay altísimas posibilidades de que, por primera vez en la historia, tengamos a una mujer como la máxima figura del Poder Ejecutivo Federal.
Por su parte, en Aguascalientes son mujeres quienes ocupan los puestos de gobernadora y de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como diversas secretarías de estado… Fuera del ámbito político, podríamos mencionar otros espacios, donde se vive un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades semejante; por ejemplo el sector educativo, donde las mujeres estamos ocupando de manera natural puestos de dirigencia y disfrutamos de oportunidades equivalentes con respecto a nuestros colegas hombres.
Me parece que nada de lo anterior hubiera sido posible sin ese primer paso oficial dado en octubre de 1953, que fincó las bases para una transformación en el pensamiento del país y, sobre todo, en sus dinámicas de participación cívica y política. Por ello mismo y como ya hemos mencionado, creo que, por sus implicaciones, aquel evento tiene una importancia y un valor simbólico del mismo nivel que otros actos y sucesos que cambiaron el rumbo del país.
Quiero cerrar este pequeño texto haciendo un llamado a toda la sociedad, para que continuemos construyendo un país con igualdad de oportunidades, donde, por encima de todo, se encuentre el respeto a cada persona, por su valor precisamente como persona, como ser humano. Esto no es solo encarna un valor cívico, sino, más allá de eso, un deber ético, que tenemos que abrazar y defender a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad, libre de discriminación y llena de paz, armonía y reconocimiento mutuo.